martes, 18 de diciembre de 2012

La injusticia se sienta a la mesa


Para una vez que reparten café para todos es la única vez en que no es justo. Esto ya es el colmo del desatino elevado a la potencia del cachondeo. Y la impresión que a mí se me graba a fuego en el epitálamo es que la política consiste en ir probando a tanteo a ver cuál es la reacción, como el que le va cortando las alas y las patas a una mosca a ver lo que hace. Ahora que ya no sabían cómo engordar más los impuestos, llegan, los disfrazan de tasas judiciales, los sacan a la plaza y se sientan a ver qué hacemos. Gracias al sentido común, que parece que empieza a manifestarse, esta nueva ley ha levantado a jueces, abogados y ciudadanos en armas (recemos porque haya sido la gota del desbordamiento) tratando de frenar una reforma que se aleja del principio de justicia. La ley de tasas judiciales de 20 de noviembre implica que, para cualquier persona física con ingresos superiores a los 1.100 euros dentro de la unidad familiar, sólo acudir a la justicia penal será “gratuito”; si quiere acceder a la civil, contencioso-administrativa o laboral, habrá de disponer de un mínimo de 150 euros más el 5% del valor de lo reclamado para empezar a hablar. Ya hay quien dice que el hecho atenta contra la Constitución española (tan adorada como vulnerada por nuestros “diestros” gobernantes) en su artículo 24, donde afirma que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Pero, y sobre todo, se presenta injusta al no hacer distinción de poder adquisitivo, las tasas son las mismas para cualquier ciudadano y, por tanto, es discriminatoria en sentido inverso, porque hace igual lo que no lo es.

En esta escalera hacia la desigualdad más cruenta y la abolición de la clase media, primero fue la reforma laboral, después llegó la privatización de servicios públicos fundamentales como los sanitarios, el deterioro de la educación pública y la pérdida de la atención a las personas mayores. Para más desgaste de nuestro modelo social, las tasas judiciales son sólo otra forma de pretender aparentar que salimos de la crisis a través de la disparidad. Nos conducen de cabeza a una nueva esclavitud atados de pies y manos con grilletes económicos y despojados de cualquier defensa. ¿Cómo puede hoy el ciudadano recurrir un acto de la Administración si para hacerlo hay que aportar previamente una cantidad en ocasiones superior a la sanción impuesta? Ya no podemos combatir las decisiones de las Administraciones Públicas. ¿Qué justicia es una que no permite equilibrar las relaciones abusivas y que quiebra el legítimo derecho del ciudadano a litigar con plenas garantías?

Siempre habíamos creído que la justicia no lo era tanto, pero no hasta el extremo de querer perderla por completo. Esta mañana, casualmente (como casi todo lo que ocurre últimamente), he entrado en un establecimiento en el que discutían una chica relativamente joven y una mujer relativamente mayor. La muchacha, en un tono prudente, le hacía saber a la mujer mayor que debían devolver un dinero a una tercera persona porque ésta había amenazado con denunciarlas. La respuesta de la segunda ha sido clara: “¿Y tú de verdad te has creído que te va a denunciar por cuatrocientos euros? Si ahora con el pago de las tasas, no le merece la pena”. Éste es el resultado más inmediato de la última perla del Gobierno: la incitación al rateo en el país que inventó la picaresca.

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